Dictaminó el martes, un juez federal en Mérida que el Gobierno debe cumplir con la suspensión definitiva que impide continuar las obras en el Tramo 5 Sur del Tren Maya.

Además, exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que informen sobre las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las condiciones de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), bajo amenaza de multa en caso de incumplimiento.

El juez Primero de Distrito en Yucatán, Adrián Novelo, advirtió que el desacato a la suspensión es un delito federal, sancionable con hasta nueve años de cárcel.

Esta suspensión, notificada el pasado 22 de enero por el Tribunal Colegiado Administrativo y del Trabajo en Mérida, ha sido ignorada según denuncias de grupos ambientalistas.

El magistrado destacó que hasta la fecha no se han cumplido las condiciones de la MIA, específicamente las relacionadas con la protección de cenotes, cavernas, arroyos y ríos.

Además, señaló que el Gobierno parece estar violando las condiciones 9, 10 y 26 de la MIA, que prohíben el relleno o tapado de formaciones naturales y exigen estudios geológicos y geohidrológicos detallados.

Estas acciones contravienen la aprobación original de la MIA por parte de Semarnat, que contemplaba un tramo de nivel del suelo, no elevado como se está llevando a cabo actualmente.

Se ha denunciado que las trabes de 17.5 metros de altura se han introducido en cuevas, cenotes y ríos subterráneos sin autorización previa.

El juez ordenó la notificación de la suspensión a las constructoras privadas ICA, Mota-Engil y Grupo Indi, responsables de la ejecución del proyecto. Estas empresas están cobrando 28 mil 364 millones de pesos por este tramo.

Se espera que las autoridades competentes acaten la suspensión y tomen medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en la MIA.