Criticó Pedro Vásquez Colmenares, experto en Pensiones y Seguridad Social, a la iniciativa presentada por los diputados morenistas Ignacio Mier Velazco y Angélica Cisneros Luján, la cual busca establecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar. 

Según Vásquez, esta propuesta plantea "muchas dudas e imprecisiones" y va en contra del interés de los trabajadores que se supone beneficiaría.

La iniciativa surge como respuesta a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar la Constitución para mejorar las pensiones de quienes tienen Afore. 

Sin embargo, Vásquez señala que la propuesta del presidente no cumplió con lo prometido, ya que excluye a los trabajadores del IMSS y el ISSSTE cuyas cotizaciones superan los 16 mil 600 pesos, además de ofrecer el 100 por ciento del salario de cotización en lugar del último sueldo percibido, lo que resultaría en un beneficio menor para los trabajadores.

Además, Vásquez destaca que el Despacho de Evaluaciones Actuariales del Norte estima que esta reforma costaría alrededor de 7 billones de pesos hasta el 2050, lo cual considera un costo enorme para beneficiar a un grupo minoritario de trabajadores.

En cuanto al financiamiento del fondo, Vásquez critica la falta de precisión en las fuentes de fondeo y cuestiona la viabilidad de financiarlo con recursos públicos, así como la propuesta de utilizar las utilidades de proyectos como el Tren Maya o el Transístmico, argumentando que estas utilidades representarían solo una fracción del financiamiento requerido.

Además, Vásquez señala que la iniciativa de los diputados morenistas busca cambiar las reglas en las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit para atraer más recursos, pero lo hace de una manera que va en contra de los intereses de los trabajadores, ya que propone la incautación de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores que no se pensionen al cumplir los 70 años, sin necesidad de resolución judicial ni autorización del trabajador.

“Nunca se han quedado las afores con un solo peso porque la ley precisa el procedimiento por el que se designa o define quiénes serán los que puedan reclamar el dinero cuando un trabajador no designó beneficiarios,” destacó Vásquez.

Finalmente, Vásquez advierte que abordar este tema en tiempos electorales podría ser contraproducente y llama a los legisladores a reflexionar sobre la viabilidad y el impacto de esta propuesta antes de tomar decisiones apresuradas.