La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó la responsabilidad del gobierno federal en un posible escenario de ecocidio por la remoción del manglar de Tajamar, Quintana Roo, y aclaró que los daños en la zona se realizaron en el perímetro del Área Natural Protegida (ANP).

Las dependencias del gobierno federal cumplieron con la normatividad, el seguimiento y el otorgamiento de permisos. La Profepa incluso realizó una visita de inspección a la zona en julio y agosto del año pasado, informó en conferencia de prensa el titular de la dependencia, Guillermo Haro.

La Profepa aceptó que sí se registraron daños al ambiente, pero fue responsabilidad de la empresa encargada del proyecto, que no informó ni solicitó autorización para los últimos desmontes a las autoridades federales. El procurador ambiental indicó: "Estos lotes que fueron inspeccionados por la Profepa, concluyeron en que fueron removidos, sin contar con autorizaciones, no hubo cesión de derechos ambientales.

Las casi 7 hectáreas afectadas, de las 9 propiedad de esta empresa, sí representaron modificaciones adversas al medio ambiente, y habrían sido realizadas de forma ilícita". Para rechazar el término de ecocidio, la Profepa señaló que la revisión de campo de toda el área de Tajamar arrojó que de 62 especies de flora, sólo 7 se encontraban en la zona afectada; en tanto que de 27 especies de fauna, sólo 3 resultaron con daños. Ninguna de las especies afectadas se encuentra en peligro de extinción.