Inédito que las diferencias de opinión se puedan castigar con cárcel, externó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama en referencia a la denuncia que interpuso presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez.

Luego de que el morenista interpusiera una denuncia en contra de seis consejeros del INE que buscaron suspender temporalmente la revocación de mandato, Murayama aseguró que Gutiérrez Luna traspasó el umbral de la autonomía del órgano electoral, cosa que no había ocurrido desde su creación.

Además, aseveró que nunca una decisión de la autoridad electoral administrativa se había pretendido perseguir penalmente.

Expresó: “Esto es algo totalmente inédito que puede abrir la puerta a la ruptura de la vida democrática, más allá de que seamos nosotros porque implicará que, para tomar decisiones habrá que pensar si le gusta a la gente que está en el poder o no y si eso puede traducirse en persecuciones penales. Es decir, que las valoraciones de unos sobre un asunto administrativo puedan ser perseguidas como delitos”.

De acuerdo con Murayama, todos los consejeros del INE, independientemente de las opiniones individuales, se unieron para rechazar la persecución penal por diferencias de opinión.

Externó: “Rechazamos este intento de penalizar, de perseguir criminalmente diferencias de opinión”.

El consejero recordó  que existe una “ruta normal” para resolver las diferencias entre un partido y el INE, que no es la persecución penal.

Murayama aclaró que es preocupante que se pueda sentar un precedente en el que los consejeros electorales locales y federales tengan miedo de tomar una decisión que moleste a los intereses de quien se encuentre en el poder.

Indicó: “Sería un horror una vida política donde las diferencias se persigan con cárcel…es acabar con la autonomía y el criterio propio de los órganos electorales”.

Además, aseveró que la decisión de la Cámara de Diputados está afectando las facultades y responsabilidades constitucionales del órgano electoral, para garantizar el derecho a la participación ciudadana.