Solicitó la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pause la discusión sobre la validez del Plan B de Reforma Electoral, sobre la Ley General de Comunicación Social (LGSC) y que, en su lugar descongele y resuelva impugnaciones de 2018 que cuestionan la constitucionalidad de dicha ley.

Será el próximo lunes, cuando inicie la discusión en la Corte del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte del Plan B.

A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través de una solicitud dirigida a la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, el presidente López Obrador solicitó el freno.

Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia justifica que su petición busca “evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.