Discutirá esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que anula una reforma de diciembre de 2020 que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) usar su base de datos biométrica para prestar servicios de verificación de identidad a terceros, tanto privados como gubernamentales.

El Ministro Alfredo Gutiérrez propuso ante el pleno de la Corte invalidar la reforma al artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación (CAFFA), que ha sido impugnada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El INAI argumenta que esta reforma permitiría al SAT obtener ganancias a partir de los datos personales de los contribuyentes, sin su consentimiento previo.

"Los particulares que determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales podrán solicitar al SAT que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas, así como el de la verificación de identidad de los usuarios", dice el articulo 17-F.

Fuentes judiciales revelaron que el proyecto propone anular la porción "así como el de la verificación de identidad de los usuarios", debido a que se considera una violación de los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

Al registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, deben proporcionar al fisco diversos datos, como huellas dactilares e información privada, para poder acceder a la firma electrónica necesaria para los trámites.

El SAT argumentó ante la Corte que el servicio que brindaría a terceros, quienes también utilizan firma electrónica, se limitaría a responder "sí" o "no" a la consulta sobre la coincidencia de los datos biométricos.

Sin embargo, el proyecto resalta que los temas de privacidad y protección de datos personales requieren una revisión rigurosa por parte de la Corte, y considera que la norma impugnada es demasiado amplia en cuanto a los usos y beneficiarios de este servicio.

En concordancia con los argumentos del INAI, se rechaza la idea de que este servicio pueda servir como registro de población, ya que dicha atribución es exclusiva de la Secretaría de Gobernación. Para anular esta reforma se requerirá el voto de al menos ocho de los 11 ministros de la SCJN.

En otro tema de esta reforma al CFF, también impugnado por el INAI, el Ministro Gutiérrez propuso avalar algunos cambios en materia de domicilio fiscal, aclarando que no implican que el SAT pueda intentar notificaciones a los contribuyentes en cualquier lugar.