El costo de la igualdad en candidaturas fue el recrudecimiento de la violencia política contra las mujeres que “se atrevieron” a incursionar en un ámbito dominado por los hombres.

Críticas, comentarios sexistas, amenazas, violación sexual y hasta asesinatos enfrentaron precandidatas y candidatas durante las pasadas elecciones en 17 entidades del país, con las que se renovaron gubernaturas, congresos locales y autoridades municipales.

Con la paridad de género como obligación constitucional, por primera vez en la historia electoral del país hubo más mexicanas contendiendo por un cargo público; en respuesta, ellas sufrieron distintos tipos de violencia, como lo constataron activistas en Chiapas, Morelos, Guerrero y Sonora.

Tales agresiones se definen como “violencia política de género”, un término que aún no está en la ley pero que ya se maneja en el discurso, y que se refiere a “las acciones o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres o de sus familias, en el ejercicio de su representación política, para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la ley”.

Es la definición que propuso la senadora por el PRI Lucero Saldaña, quien en 2013 presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el entonces Cofipe, para estipular este delito.

La iniciativa se aprobó y pasó a la Cámara de Diputados para su ratificación, lo cual nunca ocurrió. Saldaña explica que ante los recientes casos de violencia es urgente que el concepto se incluya en la ley, a fin de tomar acciones de prevención y castigar a quienes intimidan a las mujeres que participan en política.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las agresiones en las recientes elecciones –desde octubre de 2014 y hasta julio de 2015– fueron desde comentarios sutiles a críticas severas –como las que se lanzaron contra la ahora gobernadora electa de Sonora, Claudia Pavlovich, a quien se le señaló en redes sociales por su apariencia física; hasta el sometimiento físico, la violación sexual e incluso el asesinato.

Así, se perpetró el homicidio de Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, un municipio de la Montaña baja de Guerrero, quien fue encontrada muerta el pasado 10 de marzo, un día después de que fuera secuestrada. Otro caso fue el de una candidata del PAN –que por razones de seguridad se omite su nombre– que aspiraba a ser regidora en Chiapas, lo que le valió ser víctima de violación sexual el pasado 27 de junio en su casa, en el municipio de Reforma.

Compañeras de partido de la abanderada de 29 años de edad afirmaron que ella fue violentada por participar en las elecciones, ya que el hombre que entró a su casa y la violó sexualmente le dijo que “eso le pasaba por estar en la planilla”. Al parecer el mensaje provino del entonces candidato a alcalde por el PVEM en el mismo municipio, Herminio Valdez Castillo, ya que el hombre que agredió a la mujer le dijo: “Tú sabes que Herminio es peligroso”.

Otro caso fue el de la ex candidata panista a la alcaldía de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, quien señaló al mismo hombre como el autor intelectual de la golpiza sufrida el 11 de julio, cuando fue interceptada en la carretera al viajar de Chiapas a Tabasco. Fue detenida y golpeada por encapuchados que le decían que “gritara como gritaba en la campaña”.

Con la paridad de género se desató la violencia política como un fenómeno en ascenso, apunta la consultora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Martha Ferreyra, quien además observa que cuando se acaban los argumentos políticos aparecen “la misoginia y el sexismo”. Para la experta, las agresiones verbales y físicas y de otro tipo se dan porque las mujeres políticas “están moviendo el tapete al patriarcado o moviendo el avispero”, es decir, su presencia en la arena electoral “molesta a hombres y (también) a otras mujeres”.

Un caso igualmente grave es el de las militantes priistas Maricela de la Paz Cuevas y Claudia Jaqueline Ordoñez Jiménez, propietaria y suplente, respectivamente, a una diputación “pluri” en Morelos, quienes denunciaron ser intimidadas para que dejaran la contienda por su propio compañero de partido Francisco Moreno Merino.

Narraron que el colmo de la intimidación partidista fueron las reuniones en las que el presidente estatal del PRI, Rodolfo Becerril, diputados electos y Moreno Merino les exigieron que se retiraran de la elección. No conformes con ello, los priistas las acusaron ante los medios de “corruptas” y de “sólo querer los recursos públicos”.

INICIATIVAS “CONGELADAS”

Ante este panorama, la senadora Saldaña alerta: “Advertí (en 2013) que en la medida en que la paridad (de género) se diera, por el número de candidatas que habría, se iba a incrementar la violencia política de género. Lo que he dicho es que al definirla como tal se puede sancionar más fácilmente”.

Tras la reforma político-electoral de 2014, la legisladora adecuó la iniciativa y en paralelo senadoras de PRI, PAN y PRD presentaron propuestas similares que no han sido aprobadas.

La diputada local del PAN en Chiapas Mirna Camacho recuerda que también presentó una iniciativa en junio de 2013 para tipificar la violencia política “en razón de género” a nivel estatal, ya que en su opinión las agresiones están presentes al interior de los partidos y en las instancias electorales.

La legisladora indica que la participación femenina en política aún no es equitativa, y que “falta mucho” para que la paridad sea una realidad. Para acelerar este cambio, propuso una reforma que hiciera visible la discriminación, el acoso, las agresiones físicas y verbales, y en general la segregación contra las mujeres. Sin embargo, la iniciativa también está “congelada”.

Una de las principales causas de que las mujeres sean agredidas por querer estar en espacios de decisión, es porque se topan con una cultura política en la que predominan “el autoritarismo y los liderazgos antidemocráticos”, de acuerdo con las académicas Dalia Barrera Bassols y Blanca Suárez San Román, quienes han investigado los desafíos para que las mujeres lleguen al poder.

Según los artículos de las investigadoras, los obstáculos para llegar a cargos de elección se relacionan con los mecanismos de exclusión de las mujeres en todos los ámbitos socioculturales, y con el hecho de que el poder político se concibe como un espacio “exclusivo” de los varones.