Nacional
Libra proceso ex jefe de Liconsa
Por: Vanessa Calixto Palacios
MÉXICO: Libra proceso ex jefe de Liconsa / Agencia
MÉXICO / 2024-05-27 11:47:25.- Dictó sentencia absolutoria un juez federal a Martín del Castillo Toledo, ex director de Finanzas y Planeación de Liconsa, por un supuesto enriquecimiento ilícito de 32 millones 126 mil 646 pesos, al concluir que no hay evidencias suficientes que lo incriminen.

Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que debido a la baja calidad de las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR), no se puede establecer el monto exacto en que aumentó el patrimonio del acusado.

"El enriquecimiento ilícito se tiene por acreditado cuando el servidor público no puede justificar el legítimo aumento de su patrimonio... por la insuficiencia probatoria y baja calidad de la prueba no acontece en este caso", explicó el juez.

El juez Beltrán Santés mencionó que el dictamen base de la acusación era inconsistente, pues primero calculaba el enriquecimiento ilícito en más de 32 millones de pesos y luego refería ingresos injustificados por 7 millones 391 mil 893.54 pesos.

Con la metodología del estudio, se podría calcular también en 18 millones 397 mil 812 pesos los ingresos ilegales del acusado.

"Hubo una variación sustancial en la acusación y los datos expuestos... el hecho materia de acusación se hizo consistir en un incremento no justificado de más de 32 millones de pesos; sin embargo... únicamente fueron 7 millones de pesos", aclaró el juez.

Del Castillo renunció a Liconsa el 15 de marzo de 2018 y no trabajó para la presente Administración, en la que dicha paraestatal fue fusionada con Diconsa en el nuevo organismo Segalmex.

La defensa ya había presentado documentales para acreditar que la esposa del acusado y dos familiares recibieron 16 millones 383 mil 627 pesos de la compañía de transporte de pasajeros Autos Pullman, empresa de la que son accionistas.

El fallo puede ser apelado por la FGR para que un tribunal de alzada determine si debe prevalecer o revocarse la absolución.