A 33 años de la epidemia de VIH/Sida en México, las políticas públicas de prevención en la materia siguen invisibilizando a la mayoría de las mujeres, al carecer de una perspectiva de género en sus programas y campañas.

Y es que, por ejemplo, el diagnóstico y prevención de esta pandemia entre las mexicanas se limita al acceso de pruebas de detección gratuita cuando están embarazadas o si diagnostican a sus parejas con el virus. El resto de la población femenina tiene que solicitar las pruebas por iniciativa propia.

En México, hay 181 mil 744 casos notificados de Sida, de 1983 a 2016. De ese total, 32 mil 725 son de mujeres, es decir 18 por ciento. De los casos diagnosticados con VIH, desde 1984 al presente año, las mujeres representan 25 por ciento (15 mil 15), de un total de 59 mil 629 casos.

Según estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del VIH/Sida, de la Secretaría de Salud, el número de casos diagnosticados del virus en mujeres de 15 a 24 años de edad va en aumento, sobre todo desde 2001 a 2012. En los años consecutivos la cifra se mantuvo arriba de 300 casos registrados por año.

Y es que ahora los test rápidos de detección del virus se aplican también a las mujeres embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal (es decir, de mujer a producto durante el embarazo y el parto).

Para tales pruebas las autoridades sanitarias han priorizado a las denominadas “poblaciones clave”: hombres que tienen sexo con hombres (HSH), hombres transgénero y usuarios de drogas inyectables (UDI), por ser quienes representan el mayor porcentaje de casos notificados, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida).

Sin embargo, el resto de las mujeres tienen que solicitar las pruebas de detección gratuitas por su cuenta, es decir, tienen que acudir a cualquier institución de salud, Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), o a los Centros de Salud, donde el servicio de detección del virus es gratuito. 

FEMINIZACIÓN DE LA EPIDEMIA 

De acuerdo con cifras oficiales, las mujeres más afectadas por la epidemia en México son adultas jóvenes de 20 a 39 años de edad, que están en edad productiva y reproductiva.

El estudio realizado en 2012 por el Programa de VIH/Sida de la Ciudad de México señala que 69.6 por ciento de las mujeres que tienen un diagnóstico del virus, lo adquirieron por la vía sexual y con sus parejas “estables”.

El director de la Clínica Iztapalapa y coordinador del programa de Control de VIH, Florentino Badial, dijo que en las clínicas especializadas en control y atención de personas con VIH/Sida, ubicadas en la colonia Condesa y en Iztapalapa, han detectado que 40 por ciento de las usuarias llega en etapa tardía, es decir con el síndrome desarrollado. 

El perfil de las que tienen un diagnóstico del virus, según el mismo estudio, es de un nivel de escolaridad de nueve años o menos, y de más bajo nivel socioeconómico que el de los hombres que también tienen un diagnóstico positivo de VIH. 

Destaca un dato: 47 por ciento de ellas ha vivido una situación de violencia familiar, lo que disminuye sus recursos para poder elegir y negociar con sus parejas el uso del condón.

Y es que las políticas de prevención del VIH/Sida han omitido la violencia sexual en el hogar como un factor para la propagación de la enfermedad entre las mexicanas, según han señalado organizaciones por la salud de las mujeres.

AUMENTAN CASOS

De acuerdo con la directora del Censida, Patricia Uribe, cada año se destinan 40 millones de pesos (mdp), en la compra de pruebas de detección rápida.

Las pruebas de detección se distribuyen a las 32 entidades federativas y prioritariamente se les administra a las llamadas “poblaciones clave”. 

En tanto, las mujeres que tienen acceso a esas pruebas de detección principalmente son aquellas cuya pareja fue diagnosticada con el virus y las mujeres embarazadas, ya que forma parte del control médico prenatal.

A partir de que se intensificó la medida de detección en embarazadas, con la reforma a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 007 SSA2-1993 (“Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio”) en 2010, la vía de transmisión perinatal se ha reducido en 39.3 por ciento a nivel nacional desde 2013 a 2016. 

Pero desde 1995 a 2016, los nuevos casos de Sida notificados en mujeres de 15 a 24 años de edad aumentaron, con 100 casos registrados cada año, hasta llegar a 200 en 1999. En los 12 años siguientes se notificaron cifras similares.

En los diagnósticos de VIH en mujeres del mismo rango de edad, el incremento se registra de 2001 (con 124 casos detectados) hasta 2012, con 392 nuevos casos.

RECURSOS MAL ENFOCADOS

Este año el presupuesto aprobado para el Ramo 12 Salud fue por un total de 132 mil 216 mdp, de los cuales se asignaron 57.3 mdp al programa presupuestario “P016 para la Prevención y Atención de VIH, SIDA y otras ITS”, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, en este año Censida obtuvo 364 mdp que se destinan a gastos de operación. De ese monto, el apoyo a proyectos de organizaciones civiles que realizan prevención es de 101 mdp.

Censida reportó que se asignaron 3 mil mdp a la compra de medicamentos, y 10 mdp a la compra de condones que se distribuirán en las entidades federativas. 

Un 30 por ciento del presupuesto de Censida se asigna cada año a proyectos dirigidos a la población femenina, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Para este año se aprobaron 142 proyectos de las organizaciones civiles que trabajan temas relacionados con la epidemia, a los cuales se les destinaron 97 millones 641 mil 199 pesos, y de este monto se darán sólo 5 millones 343 mil 551 pesos a nueve proyectos relacionados con las embarazadas, informó la dependencia en su lista oficial de proyectos.

El resto del dinero se asignó a proyectos comunitarios y la mayoría dirigidos específicamente a las “poblaciones clave”, es decir, relegando a las mujeres que no están embarazadas.