A partir de septiembre de 2018, cuando entre en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México, la capital del país reconocería el “trabajo sexual” como “un trabajo voluntario y autónomo”, lo que –a decir de defensoras de los derechos de las mujeres– promovería la trata de personas y la explotación sexual. 

El Grupo de intelectuales que redactó el proyecto de Constitución capitalina incluyó en el artículo 15 de este texto “que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley reconocerán y protegerán el trabajo sexual como una actividad lícita”.

Para algunas expertas reconocer como “trabajo” una actividad considerada como “marginal y de sobrevivencia” fomentaría la trata de personas, delito que constituye la tercera fuente de ingresos de la delincuencia organizada transnacional; y violentaría tratados internacionales reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Entre las normas internacionales que prohíben la “prostitución” como una actividad de explotación están la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Ahora el debate sobre la legalización o la prohibición de este fenómeno conocido socialmente como “prostitución”, nombrado por una parte del movimiento feminista como “explotación sexual comercial” y por otra como “trabajo sexual”, está en manos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que analiza el borrador de Carta Magna. 

CÓMPLICES DE TRATA 

Hablar de reglamentar la prostitución y decir “trabajo sexual” y no “trata de personas” o “explotación sexual” es convertirse en parte del problema, en cómplices del proxeneta que engaña, del delincuente que recluta, del político que engancha, del hombre común que viola a cambio de dinero, dice Teresa Ulloa Ziáurriz, directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés). 

A decir de la abogada y pedagoga feminista, reconocer una forma de explotación como “trabajo” es hacer cómplice a una sociedad permisiva que prefiere entenderlo como “la profesión más antigua”; y de los gobiernos que evaden la responsabilidad ineludible de brindar igualdad de oportunidades para todas las mujeres y niñas.

Lo peor, para Ulloa Ziáurriz, es que con esta disposición la próxima Constitución capitalina violaría tratados internacionales como la CEDAW que en su artículo 6 dice que todos los Estados tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

La activista es clara al señalar que la legalización y/o despenalización de la “prostitución” promueve la trata con propósitos sexuales, no supone un control de la industria del sexo y de ninguna manera protege ni aumenta las posibilidades de decisión de las mujeres que están en este entorno. 

Ninguna persona puede consentir su propia explotación, ser vendida, comprada o alquilada, dijo Ulloa Ziárruiz, al exponer por qué no se puede hablar de que la “prostitución” es una “decisión de ellas”. 

“TRABAJAR CON LOS GENITALES” 

El borrador de la Constitución capitalina fue redactado por 13 mujeres y 15 hombres designados por el Jefe de Gobierno, entre ellas la feminista y profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marta Lamas Encabo, quien está a favor de legalizar el “trabajo sexual”. 

Al participar en un conversatorio sobre el cuerpo de las personas, el pasado 6 de octubre, señaló que “todos trabajamos con el cuerpo. Trabajar a veces con los genitales, o con el vientre, o con la cabeza o con las manos, claro que mete diferencia”.

Para la investigadora, el tema de fondo es el escándalo por la explotación laboral a la que se someterían las mujeres por “trabajar con sus genitales”. Lamas reconoció que legalizar esta actividad no es para evitar la esclavitud, ni la trata de personas, y lanza una pregunta: ¿hasta dónde el trabajo sexual se puede considerar indigno?
El tema sobre el “reconocimiento del trabajo sexual” no es nuevo en la capital; en 2014 la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo inició la entrega de credenciales a mujeres en situación de prostitución, para reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, lo que para colectivos como Brigada Callejera, que trabaja con ellas para difundir sus Derechos Humanos, es una forma de protegerlas de extorsiones.

Al participar en un foro internacional sobre explotación sexual realizado en San Lázaro, el representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio Luigi Mazzitelli, dijo que para terminar con este crimen se debe reducir la oferta y al mismo tiempo impactar en la demanda, así como la prevención para evitar que haya nuevas víctimas.

En la misma tónica la representante de la Coalición por la Abolición de la Prostitución Internacional en Latinoamérica Martha Torres Herrero -también participante en el encuentro- aseguró que para hacer frente a la trata de personas es necesario promover la atención de las víctimas y la reparación del daño, y nunca la criminalización de las personas que están en situación de prostitución.

La representante de esta red de organizaciones que trabajan para evitar que se difunda la idea de que la “prostitución” es un trabajo, aseguró que se deben implementar programas que les permitan a las mujeres salir de las condiciones de explotación y condenar cualquier situación de trata, explotación y todo tipo de compra sexual.

La visión a favor del “trabajo sexual” quedó plasmada en el proyecto de Constitución que se hizo publicó el pasado 15 de septiembre; sin embargo aún debe someterse al análisis y aprobación de la Asamblea Constituyente quien votará si la capital mexicana será una ciudad donde se permite o fomenta la explotación del cuerpo de las mujeres.