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Héctor Raúl Rodríguez / Es cuanto |
2021-04-05 |
| La elección que viene: diferencias entre el 2018 y 2021 |
| En aras de la objetividad, un ejercicio de reflexión y análisis de la realidad política y social implica en primer lugar asumir una postura lo más imparcial posible, es decir, que quien observa la cosa pública no se asuma al mismo tiempo como juez y parte de la disputa político-electoral. Ese necesario espacio de neutralidad obligaría a anteponer la honestidad intelectual y un sentido ético y de responsabilidad para no confundir los deseos y expectativas personales con la realidad. Desde esta perspectiva referirse a las circunstancias en que se desarrollan a nivel nacional las elecciones intermedias de 2021 en que se elegirán 300 diputados federales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 15 gubernaturas, y de manera concurrente, 50 diputados locales y los 212 Ayuntamientos a nivel estatal, implica en principio, reconocer que estas elecciones se darán en un contexto muy diferente al registrado en 2018. A nivel nacional, hace tres años los mexicanos mostraban señales de hartazgo y repudio hacia los escándalos de corrupción del grupo gobernante, incluida la entonces familia presidencial con el tema de la Casita Blanca de la Primera Dama, y varios gobernadores priistas como el de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Chihuahua, César Duarte, estos últimos actualmente procesados o sometidos a juicio y en prisión. Tales escándalos de corrupción habrían influido para que la mayoría de los mexicanos ejercieran un voto de castigo al gobierno del PRI y respaldaran al candidato y al partido identificado con la izquierda tradicional, cuya principal bandera política fue precisamente sanear la vida pública y combatir la corrupción. Sin embargo, ya en el tercer año de gobierno y a casi tres años de las elecciones de 2018, a nivel nacional hay circunstancias inéditas que a su vez podrían influir en las elecciones intermedias de este año, consideradas tradicionalmente una especie de referéndum sobre el nivel de aprobación o desaprobación del gobierno en turno, es decir, se trata de comicios que miden el grado de satisfacción de los electores alcanzado con las políticas públicas y la eficacia y eficiencia del gobierno. Desde este punto de vista, habría al menos cuatro factores que podrían influir en las elecciones del próximo 6 de junio y que marcan la diferencia con relación al 2018: El primero es la pandemia de covid 19, que llegó a México a principios de 2020 y que a lo largo de más de un año ha generado una crisis sanitaria sin precedentes, con casi 250 mil mexicanos fallecidos y más de 2 millones de contagios, así como medidas de confinamiento social que se han reflejado en la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos y el cierre parcial y temporal de actividades económicas consideradas no esenciales. En materia de salud, el proceso de adquisición de las vacunas contra el coronavirus y su aplicación ha avanzado en forma lenta, a tal grado que el porcentaje de población que se ha inmunizado o que se inmunizará antes de las elecciones podría no rebasar la quinta o cuarta parte de la población nacional. En segundo lugar habría que citar la crisis económica generada por el cierre de empresas y de actividades no esenciales, que provocó en 2020 la pérdida de millones de empleos, el cierre de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas y la pérdida de ingresos para cientos de miles de trabajadores informales. En 2021 la recuperación de la economía ha sido lenta y la población sigue sufriendo los efectos de la resaca económica del año anterior. Un tercer elemento es la polarización política y social que se observa en el país, alentada por un lado por la posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa mañaneras, donde suele descalificar a sus opositores y medios de comunicación y periodistas que lo critican (hay que definirse – ha dicho – o están a favor o en contra de la 4T), y en el otro extremo se encuentran los grupos y sectores opositores al Gobierno Federal vinculados a la derecha empresarial, como el FRENA, el PAN, las cámaras empresariales y sectores de la Iglesia Católica, pero donde también se mueven grupos sociales con demandas concretas como las protestas de mujeres o los colectivos de búsqueda de desaparecidos. Un cuarto factor tiene que ver con la violencia que si bien ha estado presente en administraciones anteriores en 2021 se ha recrudecido en su vertiente política en distintas zonas del país y ha alcanzado tanto a autoridades municipales en funciones como a precandidatos y a sus familiares. En el caso de Veracruz, a los cuatro factores anteriores habría que agregar el descontento provocado por la reforma al Código Penal que endureció las penas al delito de ultrajes a la autoridad, lo que ha sido calificado por expertos en derecho y organizaciones no gubernamentales como un intento por legalizar el abuso policiaco, que atenta contra los derechos humanos y criminaliza la protesta pública. En conclusión, siguiendo al politólogo Miguel Beltrán Villalba en su ensayo “Administración y gobernación en el análisis de políticas públicas”, una presencia tan general de la acción pública tiende a pasar desapercibida cuando las administraciones públicas funcionan bien y en épocas de bonanza histórica. “Pero cuando renquean a causa del exceso de papeleo o tardan más de lo razonable, cuando los ciudadanos se sienten tratados con arrogancia o de manera distante, o si la coyuntura es desfavorable o el horizonte contiene demasiada incertidumbre, entonces la acción pública adquiere un relieve inesperado y se convierte en un elemento de opresión y malestar. Y con frecuencia, además, se olvida que detrás de cada Administración Pública hay una instancia política, última responsable a fin de cuentas de los males y bienes que pueda percibir el ciudadano”. Así las cosas, si bien es cierto que en términos generales a la Cuarta Transformación “le ha tocado bailar con la más fea”, por otro lado, al menos a nivel local se han tomado decisiones polémicas, como es el caso de la reforma al Código Penal por el delito de ultrajes a la autoridad, que se ha convertido en una caja de resonancia y ha alentado el rechazo ciudadano en el momento político menos oportuno. |
